Participación y democracia

La participación ciudadana se ha instalado transversalmente en el discurso de los actores políticos, fundamentalmente por la crisis de legitimidad que afecta a las instituciones de la democracia representativa. Por tal razón, las propuestas de profundización de la democracia y apertura de las instituciones del Estado a la ciudadanía, encuentran una valoración positiva tanto en la sociedad civil como en la élite política. No obstante, dicha transversalidad en los debates sobre democracia y participación ciudadana, en ocasiones se observa cierto grado de ambigüedad de lo que significa esta última, lo cual, muchas veces provoca una falta de referencias empíricas para la adecuada implementación de dichos mecanismos en la gestión pública.

La discusión sobre los tipos o modelos de democracia en ocasiones no logra traducirse en mecanismos de participación ciudadana que efectivamente puedan ser aplicables a la realidad donde se desenvuelven los regímenes democráticos. Más aún cuando se observa que producto de la globalización y creciente revitalización de la ciudadanía, en la práctica se ha provocado un distanciamiento de ésta, con la acción de gobierno y el sistema democrático en general, por la carencia o deficiencias sistémicas de mecanismos de participación que permitan canalizar los intereses y las demandas de la ciudadanía.

Dado este contexto, muchas veces se entiende que hablar de democracia y participación, solo se reduce a diseños institucionales restringidos a los elementos formales de la condición de ciudadanos, a quienes se garantiza elegir o ser elegido. Con ello, se pierde buena parte de la legitimidad de una democracia que sólo mantiene abiertas las puertas de los ritos formales e institucionales. Se consolida entonces, con deficiencias crecientes, el modelo de democracia por elecciones, donde el ciudadano, entre una elección y otra, queda al margen de las decisiones sobre política y asuntos públicos. El riesgo de esta práctica de la democracia es que tiende a agotarse cuando la participación y la democracia se limitan a las elecciones cada cierto periodo de años y la gran mayoría de la población queda excluida de la participación en las decisiones inherentes a sus intereses cotidianos.

Existe consenso en la literatura que aborda esta materia, que el complemento de la democracia representativa con la democracia participativa es el camino para profundizar la democracia. Basado en ello, el propósito de este artículo es sintetizar los roles que juega la participación ciudadana en los diferentes enfoques y modelos de democracias e identificar los mecanismos que permiten ponerla en práctica, con el objetivo de ofrecer un conjunto de herramientas conceptuales que puedan ser de utilidad en pos de profundizar la democracia y complementar las instituciones representativas con dispositivos de participación.

Para concretar dicho propósito, se realizó una revisión del estado del arte en materia de democracia y participación ciudadana; específicamente se identificaron los principales niveles y mecanismos que son frecuentemente citados en la literatura. Se sistematizó una tipología con el propósito que pueda facilitar la implementación de dichos mecanismos.

En este sentido, la metodología utilizada fue la revisión documental de artículos científicos publicados en bases de datos reconocidas académicamente, básicamente web of science, scopus, scielo y redalyc.

La investigación se organiza de la siguiente manera. En un primer apartado se analiza el debate de los tipos de democracia y el lugar que cada uno le asigna a la participación ciudadana; para ello, se revisan los enfoques de democracia normativa y descriptiva, junto con los modelos de democracia representativa, participativa, deliberativa y radical. Posteriormente, se presenta una descripción de los mecanismos de participación y su respectiva clasificación en niveles de influencia que se encontraron en la revisión de la literatura. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones.

1. Modelos de democracia y participación ciudadana

El origen de la participación ciudadana se circunscribe ineludiblemente a la democracia, que desde la antigua Grecia entiende al ciudadano como poseedor de virtudes cívicas puestas a disposición del bien común, donde su participación en los asuntos públicos, es una condición fundamental para que la ciudad sea democrática (Dahl, 1992).Sartori (1993) advierte que, a la hora de definir la democracia, el sólo uso literal de la palabra no ayuda a comprender la realidad, ni cómo se construyen y funcionan las democracias posibles. A este enfoque, más cercano a la filosofía política, se le ha denominado como prescriptivo, normativo o axiológico, caracterizado por describir una construcción ideal del autogobierno del pueblo (Bobbio, 1989).

Por otro lado, existe una definición descriptiva o sistemática de la democracia. Esta muestra la relación con las experiencias democráticas, es decir, una descripción de las características que han dado forma a las democracias, configurando una aproximación a lo que es realmente. Realidades democráticas como régimen político en el que los ciudadanos desempeñan un papel más o menos gravitante en la toma de decisiones que les afectan en menor o mayor medida (Bobbio, 1989; Sartori, 1993; Casas, 2009). A partir de esta diferenciación, no se busca establecer un juicio de valor sobre cuál es la mejor forma de concebir la democracia, sino más bien ayuda a comprender que existen dos lentes para analizarla.

De acuerdo con Espinoza (2009), esta primera diferenciación entre el enfoque prescriptivo y descriptivo también puede aplicarse al concepto de participación ciudadana. Por ejemplo, en el enfoque prescriptivo la participación ciudadana debiera cumplir un rol en la resolución y transformación de los conflictos políticos mediante la creación y apropiación de espacios de discusión que permitan el debate racional, la interacción comunicativa y la incidencia en la toma de decisiones, cuya acción fortalece las instituciones democráticas.

En tanto, que en el enfoque descriptivo se desestima su importancia en la consolidación de los regímenes democráticos, más bien, la participación se centra en los mecanismos existentes que permiten que la sociedad participe y Espinoza (2009) resalta que dichos mecanismos tienen un carácter instrumental para la autoridad, o simplemente queda restringido a los procesos de elección delimitada por las propias instituciones políticas, fundada en lo medular de la democracia representativa, donde el demos no se autogobierna sino que elige representantes para que lo haga. La distinción entre una democracia ideal y una democracia real permite entender que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos está presente en ambos, pero cumpliendo fines diferentes.

Analizar la participación de los ciudadanos desde una línea de tiempo como una mera comparación entre tiempos modernos y antiguos, resulta infructuosa tanto por el tamaño de las democracias como por la caracterización del ciudadano. En otras palabras, entender –y aspirar a- una participación ciudadana similar a la democracia ateniense, sin desmerecer su aporte normativo, sería un velo oscuro que no permitiría conectarse con una realidad inalterable. Por ello, resulta mucho más pertinente analizar las formas y mecanismos de participación de los ciudadanos en el marco de las democracias modernas, específicamente, desde los diversos enfoques en la teoría de la democracia que postulan distintos modelos de la misma.

La literatura reconoce que la expresión de los diferentes modelos de democracia no es excluyente, más bien representan un complemento. Pensar que la democracia representativa y la democracia participativa, son autosuficientes por sí mismas, carece de viabilidad en la práctica, incluso si se trata de un análisis teórico. Es necesario precisar, que el complemento proviene de la democracia participativa, deliberativa y radical, es decir, “no son autosuficientes ni excluyentes a la democracia liberal” (Baños, 2006:36).

Cada uno de estos modelos de democracia plantea sus diversas alternativas a raíz de la crítica al sistema de representación democrático. Más allá de la caracterización de cada uno de estos modelos, que, por cierto, su diferenciación puede tomar otras clasificaciones, nomenclaturas o variedades según el autor, interesa observar el rol que desempeña, los márgenes de acción, o bien, los derechos que poseen los ciudadanos para desenvolverse en los asuntos públicos, es decir, las formas de participación que encuentra en cada uno de estos enfoques.

Por ejemplo, para Cebrián (2013) hablar de representación y participación en tiempos modernos, es hablar de democracia -y viceversa-. Este modelo –democracia liberal- se caracteriza por articular la voluntad popular mediante las instituciones políticas, principalmente la representación política, mecanismos y límites (división de poderes del Estado), Estado de derecho, libertades individuales y asociacionismo pluralista (Baños, 2006).

Los orígenes de la democracia representativa liberal, se remontan al siglo XVIII, donde Madison y los federalistas lo concebían como el mejor sistema para evitar la tiranía de la mayoría, separando a los ciudadanos de las decisiones públicas y evitando que influyeran las facciones con motivaciones pasionales. Sin duda, existía un rechazo hacia la democracia directa (antigua) y la solución era separar a los representantes de los representados, ya que estos últimos –en una sociedad comerciante- no tienen tiempo para ocuparse de los asuntos públicos.

En este esquema, la visión elitista señala que la representación estaba reservada para “quienes poseen mayor sabiduría y mayor virtud, a personas superiores y diferentes a conciudadanos” (Hernández, 2006:46). En la democracia representativa la participación de los ciudadanos se restringe a las elecciones periódicas de los representantes políticos que ofrecen diversos programas (Mill, 1985; Baños, 2006; Hernández 2006;Abellán, 2013; Casas, 2009).

Las principales críticas que se le hace a este modelo son en relación con la falta de efectividad de la representación política sobre las preferencias de los ciudadanos. En este sentido, se pueden evidenciar problemáticas como políticas públicas que no responden a la realidad social de una comunidad, o que los representantes se abocan a cumplir sus objetivos individuales, o actúan en función de intereses económicos de corporaciones y/o de los partidos políticos que cargan con una evidente apatía y desafección por parte de la ciudadanía (Baños, 2006; Hernández, 2006). En este contexto, además de los movimientos sociales que demandaban la apertura de la democracia en los años sesenta del siglo XX, surge la búsqueda por mejorar y perfeccionar la democracia, mediante la ampliación de la participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno, lo que se traduciría en mayores márgenes de gobernabilidad (Casas, 2009).

A este impulso democratizador se le conoce como “democracia participativa” que recoge fundamentos de la democracia antigua pero que su principal motivación, a pesar de criticarla, es complementar la democracia representativa. En este sentido, Macpherson (1977) sostiene que la libertad y el desarrollo individual sólo pueden alcanzarse plenamente con la participación directa y continua de los ciudadanos, en la regulación de la sociedad y Estado. Pateman (1970), agrega que la democracia participativa fomenta el desarrollo humano, intensifica un sentido de eficacia política. Así mismo, reduce el sentido de enajenación respecto a los problemas centrales, nutre una preocupación por los problemas colectivos y contribuye a la formación de una ciudadanía activa y sabia, capaz de tomar un interés más perspicaz por las cuestiones de gobierno y de esta forma contrarrestar el poder de los gobernantes (Baños, 2006).

Es en este modelo donde la participación de los ciudadanos cobra una real preponderancia, pero se enfrenta a diversos problemas como la ambigüedad de su concreción, a la creciente presencia de desigualdades económicas y sociales, a la resistencia de los grupos de poder y su limitación práctica al nivel local. Los mismos autores que describen las virtudes de la democracia participativa reconocen que su implementación presenta algunos obstáculos importantes, como las desigualdades de clase, sexo y raza que influyen negativamente cuando se quiere afirmar que los individuos son libres e iguales, y justamente en la carencia de recursos y oportunidades la participación activa en la vida política y social se vuelve sistemáticamente limitada.

Otro obstáculo tiene relación con la interferencia que podría ocasionar la participación de los ciudadanos en el proceso de acumulación de poder de una economía corporativa (Muñoz, 2004). Finalmente, un último problema tiene que ver con la limitación de la participación de los ciudadanos al ámbito local, o en el ámbito de trabajo, siendo este modelo insuficiente en la política nacional, viéndose restringido a la elección de representantes (Pateman, 1970; Baños 2006).

Ante las críticas a la democracia participativa sobre su escasa posibilidad de materialización en el ámbito nacional, aparece en los años noventa la “democracia deliberativa”, idea que recoge las aspiraciones de la democracia participativa y la articula con el esquema institucional de la democracia liberal (Baños, 2006). Si la participación ciudadana imprimía legitimidad a las decisiones políticas –desde el enfoque participativo- en el espacio local, aparecía la interrogante sobre la fuente de legitimidad para las leyes y las decisiones políticas del Estado.

En este debate, destacan los planteamientos de Habermas que, desde la teoría de discurso, explica que la fuente de legitimidad está en el proceso comunicativo donde prime la racionalidad, equidad y honestidad en las negociaciones (Habermas, 1998).

“Aquí confluye la pluralidad política, el respeto al derecho y el reconocimiento a los procedimientos institucionalizados de comunicación entre los ciudadanos y el Estado, por lo tanto, la participación de los ciudadanos traducida en el actuar comunicativo, debe ser ilimitado para lograr influir en la deliberación política” (Cuchumbé, 2010:89).

En este enfoque, el proceso de participación y deliberación excede los límites normativos y de la estructura institucional heredada de la tradición liberal, más bien se abre al espacio público que no se grafica en una asamblea popular o una cámara de representantes políticos, sino que es un espacio abstracto donde confluyen actores mediante discursos. En este espacio, la opinión pública ocupa un rol fundamental dado que una democracia deliberativa requiere de una ciudadanía activa y crítica, pero que excluye la violencia como método de acción política, las negociaciones falsas y la primacía de los poderes sociales o fácticos que en función de sus intereses obstaculizan una comunicación verdadera (Habermas, 1998;Pineda, 2002).

En una democracia deliberativa, lo que dialoga finalmente es el espacio público y las instituciones representativas. En la medida que las instituciones escuchen al espacio público y logren codificar sus mensajes, podría imprimir legitimidad a las decisiones políticas que por legalidad les pertenecen. Este modelo encuentra críticas producto de la exclusión de colectivos ciudadanos vulnerables y su lógica consensual evade el natural conflicto en la sociedad (Máiz, 2005; Baños 2006).

De esta última crítica se desprende el último modelo a analizar, conocido como “democracia radical”. Proveniente de la teoría crítica, profundiza los planteamientos de Habermas desde el pensamiento marxista, tomando distancia de la tradición liberal (Mejía y Jiménez, 2005). El camino para una consolidación real de la democracia es mediante el desacato civil, donde “el ciudadano es el responsable político de conducir dicho proceso en el que formule sus demandas democráticas y cree un espacio público de cara a la auto legislación democrática” (Mejía y Jiménez, 2005:17).

No obstante, desde la democracia radical existe otra visión que se aproxima de forma más moderada a la democracia representativa, ya que su motivación pasa por la inclusión de grupos minoritarios en los espacios de representación, mediante discriminación positiva. Entre estos grupos –críticos a la democracia liberal- se encuentra a los movimientos que reivindican la política de género y la multiculturalidad (Baños, 2006).

En síntesis, la democracia está íntimamente ligada a la participación ciudadana, por ser esta forma de gobierno la que reconoce una relación de derechos basada en la libertad e igualdad que se traduce al involucramiento de los ciudadanos en los asuntos del Estado. Dado el carácter polisémico de la democracia, es necesario comprender que tomar partido por una visión sea esta descriptiva, prescriptiva, representativa, participativa, deliberativa o radical, llevará a una comprensión parcial o incompleta.

Del mismo modo, una comparación entre la democracia antigua y moderna no debe terminar en un juicio de valor, cuando se sabe que los contextos son completamente diferentes. La discusión sobre modelos de democracia, en el fondo es una discusión sobre el rol que desempeñan los ciudadanos en la Polis, todas con características distintas, pero no excluyentes.

No obstante, los enfoques y énfasis de los modelos de democracia revisados, todos contienen y le asignan un rol al ciudadano en los asuntos públicos, el cual se materializa a través de mecanismos de participación ciudadana, los cuales se revisan en el siguiente apartado.